La instalación de cámaras de seguridad dentro de entornos laborales es cada vez más común, aún así, su implementación debe regirse por una serie de normativas para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los trabajadores. Principalmente se pueden destacar algunos aspectos a tener en cuenta:
Ubicación de las cámaras en el lugar de trabajo
Las cámaras de seguridad solo pueden establecerse colocarse en lugares previstos por la ley, en zonas que no impliquen una vulneración de los derechos y libertades de los interesados y donde no se llegue a visualizar la vía pública u otros espacios colindantes de propiedades privadas relativas a terceros.
Esto deriva en que en el centro de trabajo no podrán colocarse cámaras en zonas comunes para los empleados, vestuarios o baños. En el caso de que, por ángulo y colocación, las cámaras capten una parte mayor de la calle, deberán aplicarse máscaras de privacidad en las cámaras.
De la misma manera, se desprende la prohibición de instalar cámaras ocultas de la LOPD para cámaras de videovigilancia (a no ser que existan sospechas muy claras de que se está cometiendo un delito y sea la única forma de recoger pruebas). También está prohibida la captación de sonido, no se pueden grabar las conversaciones de empleados o clientes, esto se considera una invasión de su privacidad y derecho a la intimidad.
Medidas de seguridad
El responsable del tratamiento debe implementar las medidas técnicas y organizativas pertinentes para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las imágenes. Se debe realizar también un análisis previo de riesgos y una evaluación de impacto si es necesario.
Acceso a las imágenes
El acceso a las imágenes está limitado al responsable del tratamiento y personal autorizado. En el caso de los sistemas de CCTV a tiempo real, los equipos de monitoreo deben estar ubicados en áreas de acceso restringido.
El acceso a las imágenes almacenadas se encuentra protegido mediante usuario y contraseña.
En el caso de ser necesario las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado, juzgados y tribunales podrán solicitar las grabaciones pertinentes si estas se tratan como medida de prevención, detección, investigación… Una persona afectada por un incidente o delito también tiene el derecho a pedir ciertas grabaciones después de llevar a cabo los procedimientos administrativos necesarios.
Plazo de conservación
El plazo de conservación máximo de las imágenes de las cámaras de videovigilancia es de un mes.
Solo existen dos posibles excepciones que se pueden dar en el caso de ser estrictamente necesario. Se podrán conservar en el caso de que estas sean pruebas de un incidente o delito, en ese caso, las imágenes deberán pasar a manos de la policía o el juzgado. También deberán conservarse en caso de que una persona afectada las solicite como prueba de un incidente o acto delictivo. Las imágenes se deben conservar únicamente durante el tiempo necesario para realizar la investigación.
Control de los empleados
Si la grabación se va a usar también, para el control del cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores, estos deben estar informados de ello por parte de la empresa de forma clara. Los requisitos que debe cumplir la información que reciban los empleados en referencia a la grabación son la finalidad de la misma, la ubicación de las cámaras, la identidad de la persona responsable y los derechos de los mismos trabajadores.
En este caso no se precisa del consentimiento de los empleados para instalar las cámaras de videovigilancia.
Principio de proporcionalidad
Antes de instalar un sistema de videovigilancia, se debe valorar que esta medida sea acorde al principio de proporcionalidad, lo que se traduce en que no existan otras medidas menos intrusivas para cumplir con el fin propuesto. Otras mediadas pueden ser la formación de los trabajadores, un aumento de personal de seguridad en la zona a controlar o la utilización de sistemas de control de acceso como alarmas o sensores de movimiento.
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